30 años de trayectoria en litigación penal, civil y comercial.

Trabajamos con dos modalidades, que pueden combinarse: un contrato de cuota litis, en el que los honorarios son un porcentaje del resultado obtenido en el juicio, y/o un acuerdo de partes, que fija por escrito los honorarios según cada caso. Ambas están previstas por la Ley N.º 1376/88 (Arancel de honorarios de abogados y procuradores): el acuerdo escrito (art. 13) y el pacto de cuota litis, que no puede superar el 45 % del resultado líquido del juicio ni aplicarse a juicios alimentarios y laborales (art. 16). A falta de contrato escrito, rige el arancel de la ley, que el juez aplica según el monto y la complejidad del asunto (arts. 1, 21 y 32). En las gestiones inmobiliarias, fiduciarias inmobiliarias y migratorias, los honorarios se acuerdan previamente con el cliente.

Sí. Acompañamos a clientes que residen en el extranjero sin que tengan que viajar para cada gestión: el seguimiento se hace por WhatsApp, correo electrónico y videollamada, y los documentos pueden enviarse en forma digital. Cuando el caso requiere que el abogado lo represente, le orientamos para otorgar un poder desde su país de residencia, con la apostilla o legalización que corresponda, para que podamos actuar en su nombre ante los tribunales y las instituciones paraguayas.

Depende de cada caso. Traiga todo lo que considere útil para entender su situación: contratos, notificaciones, resoluciones judiciales, correspondencia, comprobantes de pago, fotos o mensajes. Con esos elementos podremos evaluar su caso desde la primera reunión e indicarle qué documentos adicionales hacen falta.

Durante la investigación, la persona imputada declara ante el fiscal, y su declaración solo es válida en presencia de un abogado defensor (art. 84 del Código Procesal Penal, Ley N.º 1286/98). Al comenzar, se le informa el hecho que se le atribuye y las pruebas existentes, y se le advierte que puede abstenerse de declarar sin que eso se use en su contra (art. 86). Si fue privada de libertad, debe declarar ante el Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas (art. 85), y debe ser puesta a disposición del juez en 24 horas para que decida sobre la prisión preventiva, las medidas sustitutivas o la libertad (art. 240). Contar con un abogado desde el primer momento es decisivo.

Sí. Las consultas pueden realizarse por videollamada, lo que resulta práctico si vive en el interior del país, en el extranjero o simplemente tiene poco tiempo. Coordinamos el horario por WhatsApp o correo electrónico y, si hace falta, puede enviar sus documentos antes de la reunión para aprovecharla al máximo.